Post-Plebiscito: urge una perspectiva social en La Ciencia chilena

Eclipsando lo (ir)relevante

El 2 de julio de 2019 Chile experimentó una parafernalia astronómica capaz de amalgamar sectores con sistemas de creencias y valores convergentes y divergentes, como lo son la música, la artesanía, el comercio-ambulante, la ciencia astronómica, la astrología, cosmogonías de pueblos originarios, representantes del Estado, entre otros. El Eclipse de Sol que pasó por Chile fue abordado por la prensa en forma de quitapenas. Algunas personas entonaron el himno nacional mientras el cielo oscurecía. Si La Luna se hizo propiedad de un chileno en 1954, dentro de los más chovinistas corazones El Sol también lo fue en 2019.

El opioide social lograría incluso borrar a La Copa América del imaginario colectivo. Al menos durante unos minutos. No es de extrañar entonces que fueran eclipsadas ciertas problemáticas sociales que en ese momento acontecían y que han venido aconteciendo desde tiempos pretéritos. Y, que siguen aconteciendo.

La histórica criminalización de la resistencia indígena en La Araucanía; los ecocidios que se cometen con (mega)proyectos de desarrollo económico; el tabú de la violencia de género con el feminicidio como el hecho social por excelencia (casos-y-casos famosos que para aquella época aún eran extendidas/aceptadas instrumentalizaciones mediáticas; teleseries en los Matinales), fueron todas eclipsadas. En este cúmulo de sucesos irrelevantes –para la defensoría del statu quo, históricas demandas que un sector del profesorado chilensis pusiera sobre la mesa (semanas antes del evento) quedarían también eclipsadas. La, en ese momento, Ministra de Educación junto a El Presidente (y al beneplácito del debutante ministro de la nueva cartera de Ciencia y Tecnología (C&T)), disfrutando del espectáculo eclíptico en primera fila.

Como ha sido costumbre, la precarización laboral –aquellas demandas de profesores-comunistas– podía esperar. En el parlamento se suspendía una potencial negociación con el profesorado; la situación lo ameritaba. En retrospectiva es posible observar el carácter dual del evento; por un lado, ser la repetición de lo esperable, por otro, la antesala de lo inesperado. Innecesario se hace derramar tinta (acá) para describir, en extenso, lo que ocurriría meses después del Eclipse. Contrariamente, el Estallido Social de octubre de 2019 lograría visibilizar numerosos problemas eclipsados por décadas. El reciente proceso plebiscitario, donde casi un 80% del padrón electoral que votó decidió cambiar la actual Constitución (a través de una asamblea ciudadana de 155 representantes), es una forma concreta del decantar de tal proceso histórico que se sigue desarrollando.

Sin embargo, incluso tras El Estallido, no solamente la memoria es frágil; el eclipsismo político ha permanecido invariable en ciertas áreas. La ciencia es una de ellas. Aquella, con sus problemas a cuestas (sobre todo la forma en que se encuentra precarizada) sigue eclipsada, y hoy más que nunca el tema adquiere relevancia debido a la contingencia pandémica; también frente al inédito-inminente asunto constituyente. De cara a la escritura de una nueva carta constitucional –proceso que comenzará en el primer semestre de 2021– pertinente se hace remover el polvo.

Primero que todo, el discutir sobre nivel de empleabilidad, cesantía inducida, irregularidades salariales y contractuales, subcontratación, abusos solapados, entre otras cosas, es fundamental para que el grueso de la fuerza laboral científica (estudiantes de magister y doctorado, asistentes de investigación (en todas sus formas), postdoctores, y profesional técnico) (en otras palabras, las personas dedicadas a hacer la ciencia), se comprenda a sí misma en un contexto interno. En segundo lugar, si no se considera que La Ciencia (referida en este texto principalmente a Las Ciencias Naturales) carece de transversales críticas hacia (i) la forma en cómo se incrusta en los engranajes de la actividad económica-país (en la productiva y en la no-productiva) y (ii) la inexistencia de un Proyecto-País donde ella sea un actor social determinante, las paupérrimas condiciones laborales del capital humano avanzado existirán siempre eclipsadas por la mitología científica chilensis.

Entre el feudalismo de laboratorio y el startup-ismo liberal-de-mercado se diluyen las críticas a las razones estructurales de por qué la ciencia chilena podría estar mal. ¿Nos preguntamos qué tiene que ver La Ciencia con cómo organizamos nuestra sociedad y principalmente con quienes están a cargo (directa o indirectamente) de las grandes palancas económicas de la compleja ecuación llamada Chile? ¿Nos preguntamos cuál es el Proyecto-País que queremos construir y visualizamos a La Ciencia en este? Paralelamente, frente a la irresponsabilidad criminal del amor-al-arte (ese que romantiza las miserias), la empatía y la solidaridad han sido necesarias para sobrevivir al alpiste que se arroja desde el Ministerio de turno.

Ciencia y Política

En marzo de 2019, la agencia más importante en la institucionalidad científica chilena (dependiente en ese momento del Ministerio de Educación), rechazó las solicitudes de más de dos centenas de estudiantes de doctorado en Chile para extender por seis meses su salario, posterior a los cuatro años de programa asalariados. Por aquellos días, la ya extinta CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica), declaraba que aquel beneficio complementario –que usualmente se asignaba a toda persona quien lo requería en forma de ventanilla abierta– para el 2019 se había transformado en un concurso. Competencia tras la cual 241 personas, por no responder a estándares que CONICYT fijara como aceptables (una puntación de 4.5 en una escala de 1 a 5), quedaron sin posible extensión de salario. Dejando discusiones legalistas y financieras de lado, necesario fue preguntarse en aquel momento si era moral que aquellas personas siguieran trabajando sin sueldo. ¡Gratis!

Si quienes se dedican a hacer doctorados no son simplemente estudiantes, y, por el contrario, trabajan a tiempo completo en sus investigaciones (muchas veces además haciendo clases en las universidades en las cuales realizan sus proyectos), ¿qué tipo de argumentación ética se utilizaba para justificar el no pagarle a alguien por trabajar?

Con poco-ruido-y-pocas-nueces de la comunidad científica (asumiéndola sólo para efectos prácticos como un ente homogéneo; aunque inexistente en la práctica) fue la misma Red de Afectados de Becas de Doctorado Nacional la que a través de su insistencia logró revertir futura resolución salarial. Tras reuniones con el nuevo-recién-estrenado ministerio científico (MICITEC, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación), con la Comisión de Ciencias y Tecnología de la Cámara de Diputados, y la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, se determinó que cerca de 140 personas (de las 241 afectadas inicialmente) recibieran la extensión de sueldo; también, que el resto pudiera repostular a la extensión en un segundo concurso.

Este año, 2020, aquel problema no aconteció. Del 100% de personas que postularon al beneficio complementario de medio año extra de sueldo todas lo obtuvieron. ¿Fue la presión de la organización política estudiantil de 2019 un determinante o simplemente un menor número postulantes permitió que aquello no ocurriera? Si bien aquella es una pregunta interesante, relevante al mismo tiempo es resaltar que en aquel marzo 2019 en la comunidad científica prosperó la tibieza: el no alzar la voz por temas de justicia social; incluso cuando afectan a un sector de ella misma. Nada nuevo bajo el sol. ¿Es ahora tiempo de hacerlo si se considera el presupuesto en C&T y la restructuración de dineros por área con que El Gobierno pretendía que la ANID (la agencia nacional sucesora de CONICYT) operara el 2021? En esta misma línea, ¿es el congelamiento del Programa BecasChile realmente necesario o responde simplemente a una austeridad programada con sazón a política pública-responsable en tiempos de pandemia?

Cuando la realidad es acallada, una y otra vez, con el narcótico discurso de La Meritocracia, pareciera que no es tan sencillo el hacernos cargo y/o simplemente preocuparnos, por “lo que le pasa(rá) a la fuerza laboral científica”. Y en general, con cualquier rubro. Sociedad atomizada, tejido social rasgado.

Abandonar la desesperanza y construir sensación de pertenencia es trabajo tan personal como colectivo. Y no es inmediato. Sin perjuicio de aquello, es pertinente considerar que aparentemente en el Chile post-Estallido La Ciencia aún goza de una suerte de legitimidad política que otras disciplinas han perdido (El Periodismo pro-establishment, por ejemplo). Expresada en forma de autoridad intelectual, la actividad científica (tanto fundamental como aplicada) es, a pesar de la competencia y el yo-me-salvo-soloísmo internos, una suerte de orgullo nacional; éste, no es gratis. De este modo, no es banal cuestionarse si es o no positivo que la actividad científica cuente con credibilidad ciudadana (al menos en lo que respecta a no estar manchada por la politiquería). ¿Podría ser aquello una herramienta para la edificación de cohesión política?

Si fuera cierto que la sociedad civil chilena, con sus diversos actores, confía en el quehacer científico nacional, ¿qué tan irrisorio para ella resultan eventos como el disminuir el presupuesto en C&T en plena pandemia? Por su parte, una comunidad científica comprometida con que la-sociedad-civil-se-preocupe-por-La-Ciencia, ¿debería reconocer sus problemas en contexto social (nacional y global)? Ciencia, tecnología e innovación, siempre han formado parte de la producción e intercambio social de bienes y servicios. Visualizar a La Ciencia como una actividad socioeconómica aparte es peligroso porque podría pensarse que ésta está exenta de la incidencia de valores (ética), libre de la influencia de la historia-país (cultura), o alejada de las pugnas por el poder (política).

¿Por ejemplo? Ocurre que, legalmente hablando, muchos perjuicios y riesgos de la investigación científica se socializan a través de inversión fiscal, mientras que los beneficios se privatizan. Sin ir muy lejos, los sistemas de propiedad intelectual efectivamente otorgan la monopolización sobre los resultados de la innovación, y billones en impuestos de la ciudadanía que fueron utilizados en el financiamiento de años de investigación muchas veces terminan comandados por la buena-voluntad de la responsabilidad corporativa. Si aquello implica que exista conflicto entre los intereses monetarios de particulares y el beneficio de las mayorías (que financiaron, al menos una parte de, sus riesgos), el aparataje ideológico encuentra las razones para justificar los resultados de la balanza política. Lógico, todo esto no sería posible si el bienestar social, y el ambiental, no estuvieran supeditados al afán de lucro y a la competencia por la expansión sin límites.

Cuando profesionales dedicados a hacer ciencia, en cada una de sus formas, no son capaces de meditar sobre aquel caso puntual (y una infinidad de otros existentes), la rueda de La Academia científica sigue dando vueltas eternas; no existe freno de emergencia. Se alimentan nidos de voluntades individuales y no de políticas públicas atingentes. Cuando se esconde lo que ocurre puertas adentro y se aísla a cualquier desafortunado porcentaje a la deriva, la incapacidad de reconocerse en el trabajo, entendido como actividad social abstracta, erosiona incluso –ya sea a contracorriente o en sintonía con quienes les convenga– algo tan propio de la investigación científica contemporánea: la colaboración.

COVID-19: comunidad científica y ministerios

La comunidad científica, al igual que la ingenieril (confección de ventiladores mecánicos made in Chile) y la de profesionales de La Salud, estuvo desde el principio pendiente de la nueva infección corona-viral. Junto a la incesante labor de la ciencia de datos (que dependía de la liberación de estos por parte del Ministerio de Salud), una red de universidades a lo largo de todo el país se (auto)coordinó, a finales de marzo 2020, para transformar laboratorios de investigación en laboratorios de análisis clínico utilizando diagnóstico basado en PCR para la detección del patógeno.

La subsecretaria científica comentaba, el 18 de abril de 2020, a La Tercera, que “[ha] vivido con emoción su voluntad [de la comunidad científica nacional] de ponerse a disposición, incluso mucha gente lo único que quiere es ser parte de esa red. Es una comunidad comprometida con la sociedad y quiere demostrarlo, eso es tremendamente valioso”.

¿Podría acaso el espíritu optimista que se percibe en las declaraciones de la subsecretaria esconder irresponsabilidad futura en materia de autoridad científica? Primero, más allá de que el indiscutible altruismo y la cooperación emergen en crisis (las buenas voluntades de la comunidad científica) y de que el negocio emocional de la filantropía caritativa –por parte de compañías– siempre tiene algo que decir, frente a la necesidad técnica de aumentar el nivel de testeo en caso de una eventual nueva pandemia, ¿deberían existir planes de coordinación futuros que el Ministerio ya se encuentre coordinando/pensando?

¿Por qué algo así tendría sentido? Porque de la misma forma en que existen normas de tránsito; regulaciones en torno a la emisión de contaminantes; o protocolos frente a tsunamis, en medio de una catástrofe similar, si la disponibilidad de equipos (técnicos y humanos) se planifica de manera óptima literalmente se puede salvar más vidas. Obviamente, para que exista sinergia es relevante la correcta interacción entre distintas instituciones y sectores de la sociedad civil. El cómo llevar a cabo la logística frente a otra contingencia pandémica de similares características podría coordinarse entre el ISP, el nuevo ministerio científico, laboratorios con termocicladores (incluso otros laboratorios con espectrómetros de masa o dispuestos a usar nuevas tecnologías de diagnóstico molecular, por ejemplo, basadas en sistemas CRISPR o LAMP), y cualquiera otra entidad atingente. Sin embargo, aquellas son particularidades técnicas; lo relevante acá –reiteremos– es la planificación.

En segundo lugar. El tiempo dará luces sobre la naturaleza de la coordinación de los exámenes por PCR que se han llevado a cabo en los laboratorios académicos transformados en laboratorios de diagnóstico viral, pero lo que es necesario considerar es que la voluntad técnico-altruista de parte de la comunidad científica biológica no existe en un vacío, y que depender solamente de ella frente a emergencias sería imprudente. La preocupación no es baladí considerando el manejo político de la pandemia por parte del Ministerio de Salud (MINSAL): una combinación entre negligencia y altanería.

Las autoridades de Salud fueron irresponsables en torno a la transparencia y desagregación de datos epidemiológicos, lo que trajo roces con sectores de la comunidad científica. “[E]l Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD), una de las entidades más relevantes del sector académico que integra la Mesa de Datos del coronavirus impulsada por el Ministerio de Ciencias, [informo el] congelamiento de su participación en la instancia con fuertes críticas al rol del gobierno -y en particular del Ministerio de Salud- en la disponibilización de información” (según informaba La Tercera el 30 de abril de 2020), y por su parte “[un] informe [de la Sociedad Chilena de Epidemiología] revela que el Gobierno sólo declaró 520 casos diarios nuevos, siendo que aquel día eran 770. La misma polémica ocurrió acá en Chile, cuando el balance oficial en la página de Gobierno dejó fuera, sin motivo científico, a los 250 pacientes asintomáticos que dieron positivo en la PCR. Pasadas las 00.00 del jueves, y ante tanto revuelo, rectificaron la información en el balance, pero no sucedió lo mismo con lo que seclaró a la OMS” (reportaba Publimetro el 1 de mayo de 2020).

En sintonía con el clima post-Estallido, después del cambio de ministro en la cartera de Salud, la situación se coronaría en septiembre de 2020 con el rechazo del parlamento a la acusación constitucional contra el exministro “señalado como responsable de “vulnerar gravemente los derechos a la vida e integridad física y psíquica” de miles de personas además de no respetar los principios constitucionales de probidad y publicidad” (según indicaba 24Horas.cl, de TVN, el 13 de septiembre de 2020). La Fiscalía, por su parte, el 30 de septiembre recibía el testimonio de una exfuncionaria del MINSAL que declaraba: “[p]ara mí fue muy evidente que eso era impropio, que no lo podíamos hacer. Esta indicación la recibimos a las 11.30 o a las 12.00. El informe (epidemiológoco) lo teníamos listo y lo estábamos terminando, antes de su publicación en la tarde, ahí fue cuando nos pidieron que modificáramos el informe y la base de datos a lo que el ministro había dicho. Fue verbal pero hay más testigos”, aquello enmarcado en la querella en contra de El Presidente y el exministro de Salud (también otras autoridades) por presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en medio de la pandemia (de acuerdo a La Tercera el 7 de octubre de 2020).

Sumado a un insensato MINSAL y a un MICITEC sin peso político, la intención de reactivación económica terciaria (apertura de malls o vuelta a clases, por ejemplo) por parte del gobierno actual ofrecía flamantes zanahorias y nada de garrotes. No estaba dispuesto a transar ideológicamente porque sabía que el discurso se podría colar en la ciudadanía: ¡Hay que producir!

Por esto, es que a pesar de la gravedad de los perjuicios sanitarios y el abandono de la ciudadanía chilena, y de su ciencia, a la democracia del mercado, lo que ofrece la catástrofe por COVID-19, en particular a las tecnociencias, es una oportunidad histórica y se llama memoria colectiva. Después de que pase la tormenta las lecciones estarán bien frescas.

¡Abrir los ojos!

Noviembre de 2018, tras hacerse pública la declaración del presupuesto científico para el 2019 (un recorte de más 32 mil millones de pesos chilenos) se emitían las siguientes palabras:

[L]os investigadores demandamos al actual Gobierno no sólo un aumento de presupuesto, sino que también el pronto nombramiento de un Ministro/a vinculado/a a la investigación y con peso político para enfrentar los desafíos del Ministerio. Esta autoridad debe ser capaz de hacer efectiva una política pública que sea resultado de un diálogo abierto con todos los sectores involucrados: investigadores (de distintas regiones, edades, géneros), Universidades, Institutos de Investigación del Estado, entre otros. Para que esto sea posible, el reglamento del MinCTCI debe ser discutido con los actores y organizaciones involucradas, respetando la diversidad de áreas del conocimiento. Recordemos que en este Ministerio no sólo están las ciencias, sino que también la investigación en humanidades, las ciencias sociales y las artes. Los desafíos que enfrenta nuestro país requieren de una mirada multidisciplinaria, así como también de un diálogo amplio y abierto, no sólo con los y las investigadores, sino que con todos los y las ciudadanos y ciudadanas. La protección y valoración de la investigación y cultura generadas localmente dependen de todos/as. Tenemos las capacidades y condiciones para ser un país del cual nos sintamos orgullosos/as.

A fines de marzo 2020, después de que el presupuesto nacional se redireccionara por causa de la pandemia por COVID-19 se mencionaba que:

[M]anifestamos nuestra preocupación frente a un recorte presupuestario en nuestras áreas, especialmente en un contexto de alta incertidumbre como lo es la pandemia del Covid19. Dentro de este marco consideramos importante que se siga considerando y que se garanticen los siguientes aspectos por parte de las instituciones: … b) que se fortalezca el rol público del conocimiento y se reconozca a las organizaciones y asociaciones de investigadoras/es la posibilidad de aportar en las diversas dimensiones de la crisis actual… y e) solicitamos a las autoridades se siga informando oportunamente y al detalle de los recortes y recursos que se efectuaran ahora y en el futuro.

Del primer comunicado se desprendía la ilusión de que un nuevo ministro traería consigo unidad, representatividad y también –por qué no– orgullo para el sector; sin embargo, por más esperanzadora que fuera la idea de que por primera vez se iba a contar con un ministerio científico, ¿realmente estas palabras se enmarcan en una sólida crítica al ethos tecnocrático que por décadas ha gobernado sin parecer entender que la inyección planificada de recursos en Investigación y Desarrollo (I&D) es una pieza fundamental para el resultado de los indicadores macroeconómicos que tanto le gusta amasar a ciertos personajes? ¿O son más bien una petición de favores al gobierno de turno?

Tal vez más preocupante es la segunda declaración porque finaliza con carácter derrotista con algo parecido a un: “nos parece sumamente indignante que nos recorten dinero, pero la próxima vez por favor tengan la decencia de avisarnos oportunamente”.

Por supuesto que las buenas intenciones subyacen. Se pretende alzar la voz frente a injusticias. Por lo demás, el atacar declaraciones sin hacer/decir algo al respecto –sin marcharse las manos proponiendo reflexión/acción alguna– solamente resta. Sin perjuicio de aquello, al igual que los de cualquier otro rubro laboral, los petitorios de la comunidad científica hay que entenderlos dentro, y no fuera, de la economía política. Es evidente que La Ciencia es otra pieza más en el tablero de tecnócratas que mueven las fichas de la austeridad para un lado y para otro. Los ajustes de presupuesto, en sus constantes vaivenes, y las batallas legales/morales por los recortes, que reflejan las particularidades del momento, es pertinente denunciarlos, pero el conversar sobre cambios estructurales es también necesario.

Recientemente, nos volvemos a encontrar con lágrimas derramadas (las de cocodrilo y las legítimas) por el amargo deja-vu. Ad portas a la conmemoración de un año del Estallido, El Gobierno anunciaba la restructuración financiera clásica –la de año a año– y la ciencia nacional volvía a ser una de las aristas presupuestarias que a través de maquillajes retóricos se reducen (o bien, no incrementa). Así, con plumazos atienden la democracia. ¿Acaso aquello nos sorprende? ¿Tenemos que recordar de qué tipo de gobierno estamos hablando?

¿Cómo se convence a una autoridad déspota de que cierto gremio es relevante, y sus propuestas también, si se está apelando a una moral clientelista? ¿Se debe convencer a un gobierno con un Proyecto-País rentista de seguir arrojando alpiste sobre una comunidad científica que no le entrega inmediatez? ¿Convencer a quienes anteponen la legalidad a la sensación de justicia? Refresquemos un poco la memoria.

Con respecto a la pandemia por COVID-19, el gobierno chileno actual no fue simplemente poco empático o ingenuo; por torpeza –intencionada o no– no tuvo escrúpulos para ser criminal. Primero que todo, aprovechó la crisis sanitaria para pintar y enrejar uno de los mayores íconos de la protesta social post-Estallido; El Presidente, en primera persona, jugueteó a fotografiarse en él en cuarentena cuando las calles estaban vacías. Hace poco, en tiempos de conmemoración del Estallido, el hecho de que la estatua del General Baquedano fuera retocada a menos de 24 horas después de ser intervenida, es signo de que sí se pueden hacer cosas de manera rápida. De que cuando existe intención política escatimar en coordinación, logística, urgencia-de-acción, no tiene sentido.

Paralelamente, además de evidenciar preocupación ante la desobediencia civil, El Gobierno fue poco transparente con los datos de contagio, muerte y recuperación. Estos fueron manejaron desde la altanería y el secretismo. El quiebre de la Mesa-de-Datos COVID-19 era crónica de una muerte anunciada. Por lo demás, inicialmente quisieron proponer un inédito “carnet de alta” basado en escasa evidencia científica; tal vez asumiendo que no habría (re)contagio. Recientemente, desde La Moneda, frente a las acusaciones por manipulación de datos, los errores se purgaron a través de blindaje al exministro de Salud. La discusión la dan por terminada.

Es un gobierno que, siguiendo una línea ideológica de décadas de tecnocracia, con sus acciones da señales de no considerar relevante la cantidad de dinero que el país invierte en I&D (ni cómo se distribuye), pero que tuvo que depender de la sincera colaboración de La Academia de Ciencias Biológicas para aumentar el número de exámenes de diagnóstico por PCR. Por otro lado, y en particular, las diferencias entre el testeo privado y el público (costos, logística, colapso, por ejemplo) fueron, en su momento, escondidas bajo la alfombra de los discursos chovinista-arrogantista del gobierno: ¡Lo estamos haciendo muy bien; quienes nos critican no entienden nada!

Es un gobierno al que probablemente no le hubiera temblado la billetera fiscal para aplicar salvavidas a cuanto banco o gran empresa se asuma indefensa en medio de una crisis sanitaria, pero que al trabajo lo siguieron precarizando aún más con determinadas medidas. O bien, arrojaron migajas de salvataje indignantes. (Al mismo tiempo en que la repartición de cajas ocurría con deleznable verticalidad paternalista la olla común se hacía presente como organización popular). Por otro lado, con evidente incongruencia, tras aprobar el retiro del 10% de los Fondos de Pensiones (impulsado desde la sociedad civil como una medida desesperada de salvataje social), el gobierno “reitera[ba] que está firmemente comprometido con avanzar en una profunda Reforma Previsional que permita cambiar el sistema, con el propósito de mejorar las pensiones de los ciudadanos”.

Es un gobierno al que probablemente no le importa cuántas demandas al fisco ocurran, pero que lo estructural no lo va a tocar. Coherentemente, aplicaron un redireccionamiento de recursos en C&T. La ANID, ex-CONICYT, vigente a partir de enero 2020, anunciaba (en su portal online) el 27 de abril de 2020 que “[c]on el fin de combatir el avance de la COVID-19, de enfrentar sus impactos y de adoptar medidas que apunten a reducir gastos y financiar programas sociales y sanitarios, el gobierno anunció un plan de austeridad que involucra reasignación presupuestaria a todas las carteras y servicios del Estado”. Con la intencionalidad de disponer de fondos para hacerle frente a la catástrofe viral explicaban que:

[A]nte el escenario de austeridad y la necesidad de reorientar fondos, y debido a las urgencias que presenta la pandemia, así como las incertezas que revela el contexto a nivel mundial, se tomó la decisión de suspender aquellos instrumentos de vinculación internacional, que si bien son fundamentales para la actividad académica y de investigación, durante este año, serán inviables.

Con ello, se suspenden durante 2020 las convocatorias nuevas de todas aquellas líneas de financiamiento destinadas a cooperación internacional como: viajes, cursos cortos y de mediana duración en el extranjero. Esta medida impacta a los concursos Modalidad Estadías Cortas (MEC), Redes, Becas Chile y cursos de idioma. Lo anterior, significa que se suspenden las convocatorias 2020 de Becas de Magíster en el Extranjero; Becas de Magíster en el Extranjero Áreas Prioritarias; Becas de Magíster en el Extranjero para Personas en Situación de Discapacidad; Becas de Magíster en el Extranjero para Profesionales de la Educación; Beca de Subespecialidad Médica en el Extranjero; y Beca de Postdoctorado en el Extranjero; ya que este contexto extraordinario ha obligado a tomar medidas profundas.

Asimismo, se decidió suspender todas aquellas convocatorias de investigación asociativa que no corresponden directamente a centros, como es el caso de Anillos, los que no tendrán concurso este año. Se suspenden, además, las iniciativas de tesis en la industria y de inserción en la industria.

Paralelamente, si de austeridad y eficiencia se trata, la asignación de más 2 mil millones de pesos chilenos en el nuevo “Concurso para la Asignación Rápida de Recursos para Proyectos de Investigación sobre el Coronavirus (covid-19)”, anunciado por la misma ANID, le caía como anillo al dedo al ejecutivo, pero, ¿cómo justificaba el gobierno su discurso de austeridad frente a los cerca de 60 mil millones desembolsados en la adquisición (además, logística y capacitación de personal) de dos fragatas antiaéreas clase Adelaide a la Real Armada Australiana? La noticia se haría viral en plena pandemia chilena. Ambos buques izaron el pabellón nacional chileno el 15 de abril, en Australia, y zarparon a Chile en mayo arribando en junio 2020.

Es cierto que la evaluación de reemplazo de fragatas data pre-COVID/pre-Estallido; en 2018 el Ministerio de Defensa determinó comprarlas a mediados de 2019, y la discusión en el parlamento ocurrió en octubre de 2019. Sin embargo, para ese sector de la ciudadanía para el cual no solamente las FFAA y de Orden están deslegitimadas, sino que las instituciones en su conjunto, la noticia fue otro simbólico escupitajo en la cara.

Más allá de lo pragmático, ¿fue tan poco relevante simbólicamente para el gobierno el no dejar a la deriva a miembros de la comunidad científica; incluso con el alpiste de siempre? ¿A pesar de que parte de ella se puso a disposición en medio de la pandemia? Es probable que, en la psique gubernamental, el fortalecer nexos geopolíticos a través de la adquisición de armamento de guerra trae mejores dividendos que el apagar el mar de llantos de una comunidad científica desarticulada que no representa amenaza alguna. En la austeridad liberal chilensis el apretuje del cinturón en Defensa (casi 5-veces más de gasto que en I&D) no tiene sentido, a pesar de ser contraintuitivo económicamente hablando (¿o no lo es?). Es por eso por lo que, incluso en medio de una pandemia, no nos debería sorprender que el hilo se corte por la parte más delgada. Aquello, por supuesto, no anula el hartazgo ciudadano; al contrario, es más leña al fuego en la hoguera de la deslegitimada institucionalidad política.

Es en el contexto descrito en que es pertinente leer las recientes declaraciones que la actual subsecretaria del MICITEC daba a CNN Chile hace semanas refiriéndose al proyecto de presupuesto de 2021 en C&T (que fuera rechazado en El Congreso): “nosotros como ministerio estábamos bastante contentos con esta propuesta… [es]… bastante sólida, en materia de institucionalidad, que nos permite construir esa ruta futura de crecimiento. Nosotros sabemos, y tenemos conciencia, que tenemos que aumentar nuestro presupuesto de ciencia y tecnología para el país (sobre todo la pandemia nos ha demostrado eso), pero eso requiere de una construcción futura, de una ruta… este ministerio está haciéndose de las herramientas para  lograrlo, a través de traspasos presupuestarios –que podemos hablar más adelante, pero que básicamente lo que nos permiten es generar un ministerio con más fuerzas en las materias de transferencia de tecnología, de emprendimiento, y también de investigación pública. Y eso es lo que nosotros estamos fortaleciendo”.

Por su parte, el ministro de la nueva cartera científica, quien nunca trató directamente con los becarios de doctorados nacionales afectados en 2019 (descrito más arriba), pero que en 2015 firmaba una emblemática carta criticando los presupuestos de C&T (carta que incluso se encuentra disponible en su página de laboratorio), sostiene que [e]stamos frente a un escenario presupuestario muy complejo donde hay un déficit fiscal, recesión económica, hay muchas necesidades en temas económicos, en temas sociales, y el presupuesto 2021 se ha establecido como un presupuesto del empleo y la reactivación” (según detallaba CNN Chile el 10 de octubre de 2020) frente al escenario de reestructuración del presupuesto nacional en C&T. Presupuesto, de 2021, que puede no tener un efecto neto relevante sobre el nuevo ministerio científico en términos de dinero, pero que por un lado justifica la suspensión del concurso BecasChile, para el 2021, apoyándose en una vaga fundamentación: la supuesta incertidumbre en torno a universidades internacionales recibiendo estudiantes de forma presencial; y que por otro, no atiende la vergüenza que significa que las extensiones de sueldos, de 6 meses, para becarios internacionales al final de sus programas de estudios quede cancelada.

No es insensato pensar que un Ministro de Ciencias, con formación científica, debiera cuestionar situaciones científicamente aberrantes como el patético informe del “Big Data”, manifestarse molesto por deshonestidades técnicas como el manejo de datos-COVID por parte del MINSAL, y/o no permanecer silente frente a cuestiones políticas como el cuestionamiento gubernamental al informe de la Universidad de Chile sobre la composición de proyectiles utilizados por Carabineros en la contención de La Protesta Social durante El Estallido, pero, ¿qué hay de manifestarse en torno a la precarización del estudiantado de postgrado (dentro y fuera del país)? ¿Técnica, moral y políticamente hablando, representa acaso el nuevo MICITEC, inclusive con un actor científico capitaneando, el peso muerto de la historia post-Estallido?

Más allá de los números

El triste porcentaje [con respecto al]-PIB invertido en I&D (menos de 0,4%) ha sido un constante chiste de mal gusto considerando un promedio OCDE de 2,4%. Todos los años los vergonzosos presupuestos en C&T e innovación (CTI) no fluctúan mucho; en noviembre de 2019 se informaba que el presupuesto 2020 era de 721.687 millones de pesos chilenos. La cifra ha permanecido cuasi-estática en la última década. Hace semanas, un posible recorte de 16.598 millones para el 2021 era anunciado por El Presidente en cadena nacional (el 29 de septiembre pasado) como proyecto de propuesto. Al mismo tiempo, se informaba sobre incrementos en áreas como Salud, Defensa y Obras Públicas.

Un riguroso detalle de datos desagregados en materia de CTI se puede revisar acá, pero, hablar de porcentajes y magnitudes, ¿es/debería ser, la discusión de fondo? Recurrentemente, de forma superficial, a través de un determinismo inocente se espera que más C&T (a través de la inyección de más recursos fiscales y/o privados) conducirá a Chile directamente al desarrollo; sea lo que sea que éste signifique.

Para países-en-vías-de-desarrollo el no cuestionar qué implica desarrollo es problemático. El hecho de que la sociedad civil no reflexione –por falta de espacios y/o conciencia– en torno a la posición latinoamericana (la chilena en este caso) en el juego productivo internacional contribuye a que la producción de conocimiento (que emerge desde la actividad científica) exista en esferas tecnocráticas. En ellas La Democracia se limita a ser entendida como administración pública y una de las piedras angulares de ésta, la deliberación, se diluye en el fordismo gubernamental. Este economicismo de Estado no considera que el desarrollo de la tecnociencia (y la implementación de sus resultados y productos) ocurre en contextos sociales donde existen actores, instituciones y dinámicas de poder involucradas. Por esto, si se pretende diseñar políticas públicas con fundamento político (valga la redundancia), y, avanzar a la superación de gobiernos que traten C&T desde la austeridad (sin una proyección país clara; solamente etiquetas gatopardistas), la discusión debe tornarse profunda.

¿En los discursos actuales, y en la forma en cómo se expresan aquellos en las peticiones de la comunidad científica, qué tan evidente es que se está pensando en C&T enfocada en un nuevo Proyecto-País? ¿Está o no claro que se reclama un cambio de rumbo que justifica una inyección de más recursos fiscales a La Ciencia actual? Preguntas de mayor incomodidad, como el por qué privilegiar económicamente al rubro científico por sobre el del profesorado, Las Artes, y/o la inyección de dinero para una vejez digna, ¿tienen cabida? Una inyección de más recursos a una ciencia que carezca de preocupación para con los problemas y las preocupaciones de la ciudadanía y el medio ambiente va a ser una medida economicista vacua porque no posee proyección societal. Por esto, sobre todo en una era de rampante posverdad, ¿cómo se reconoce la profesión científica a si misma dentro de la sociedad civil, y qué tan evidente es la cercanía a la ciudadanía-no científica?

Dicho esto, el exigir políticas públicas basadas en evidencia científica es pertinente para hacer frente a la irresponsabilidad de la charlatanería seudocientífica, a diversos tipos de negacionismos, y a la anti-ciencia (que puede terminar comprometiendo la salud, física y mental, de la ciudadanía) (USA con su actual administración es botón de muestra), pero, aquello no basta. Existen diversas visiones sobre qué significa La Ciencia para un Proyecto-País, y sobre cuál es, y/o debería ser, su rol en la sociedad. Así, gran parte del tiempo la preocupación ciudadana no se da en el terreno de lo técnico sino más bien en el político o en el ético; por ejemplo, a cómo operan actividades de C&T en sintonía con el poder de corporaciones (y Estados) o a qué tan real es el acceso a productos de la actividad tecnocientífica financiada por dineros públicos, respectivamente.

La misma academia científica bien lo entiende cuando se mira hacia adentro. Existe una población considerable de ésta que no puede acceder a los frutos de su propia producción académica (publicaciones en revistas de revisión-por-pares) sin tener que pagar por ellos. Muchas revistas indexadas están controladas por editoriales para las cuales parte de su modelo de negocios implica cobrar por descargar artículos científicos (o libros) desde aquellas revistas. Es decir, la libertad para acceder a su propia producción intelectual entra en conflicto con la libertad de editoriales para lucrar con trabajo ajeno. A pesar de que, publicar en formato y/o revistas Open Access (que cualquier persona pueda acceder a un artículo científico porque son los autores quienes han pagado para que aquello ocurra) es una opción; de que, la cooperación entre profesionales lleve a la transferencia de artículos científicos entre quienes tienen acceso y quienes no (por ejemplo se puede descargar un artículo desde una universidad que paga por acceder a la mayoría de las revistas y enviarlo por correo electrónico a quien lo requiera); o de que, existan herramientas online, como Sci-Hub, que permiten descargar artículos científicos de forma gratuita utilizando algoritmos que piratean el acceso a revistas, cualquiera de aquellas medidas es reflejo de la pugna en torno a la propiedad intelectual científica.

¿Qué se quiere entonces? ¿Que el dinero de la ciudadanía se utilice para tirar alpiste a quien lo agarre y seguir alimentando un sistema académico donde la competencia atomizadora es la norma y las grietas (i)legales por donde emana la cooperación son los paños fríos, o actuar para que aquella realidad quede en el pasado?

Finalmente, con miras al potencial progreso tecnológico que ocurrirá producto del nuevo paradigma tecnocientífico que se ha estado desarrollando a nivel global en las últimas décadas, es necesario considerar que aquel progreso tecnológico no implica necesariamente que se traduzca en progreso social (con justicia ecológica –biótica y abiótica). Una sociedad más tecnologilizada (o cientifizada) no necesariamente es más tolerante o menos desigual.

En el contexto chileno, para que aquello ocurra es imprescindible que la comunidad científica, y sus profesionales, sea capaz de desarrollar programas de investigación en centros de alto rendimiento atingentes a grandes engranajes que faciliten la superación de una actividad económica extractivista. Desarrollando investigación fundamental y aplicada con objetivos a largo plazo. Sin embargo, incluso más relevante es que la comunidad científica sepa conectarse con la sociedad civil no solamente a través de una correcta comunicación científica (utilizando la compleja traducción de lo técnico-a-lo-coloquial, alejada de esquemas paternalistas), sino que, buscando una democratización del conocimiento, el humanitario y justo acceso a los productos de la tecnociencia, y empatizando con las legítimas preocupaciones, culturales y/o ecológicas, en torno al quehacer científico.

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Nota: Este texto es una actualización de una entrada anterior de este blog.

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